martes, 17 de agosto de 2010

Carla Urrutia: ¿Tiene sentido el Sistema de Alta Dirección Pública?

 A cinco meses del Gobierno de Piñera y la remoción de directivos en todos los ministerios elegidos por esta vía la pregunta es inevitable. Este sistema es una de las reformas más radicales en modernización del Estado. Un acuerdo político - entre Alianza y Concertación- para seleccionar a las personas más idóneas en altos cargos del Estado y restringir la discrecionalidad en la provisión de éstos. 
Las reglas del juego en política hacen comprensible para algunos que el gobierno de turno instale a funcionarios de confianza política. Se podrá pedir entonces la renuncia ¿pero a todos los directivos? ¿todos incompetentes pasaron la selección?
¿Por qué entones no declarar muerto este sistema de selección y dejar de invertir en éste?
Lo que era una política de Estado, no es más que el juego del Gobierno de turno. Ojalá el actual Gobierno enmiende su ruta, especialmente si prometió gobernar con los mejores.
En Twitter:  andreamartinic


1 comentario:

  1. Para más información
    http://www.serviciocivil.cl/sistema-de-alta-direcci%C3%B3n-p%C3%BAblica-0

    La prueba de fuego de la Alta Dirección Pública
    La prueba de fuego para el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) llegó seis años después de su creación, con el cambio de la coalición política gobernante.
    Directores regionales de Sernatur y del Fosis, de servicios de salud, la directora nacional del INE, por mencionar a los más comentados en la agenda pública, ya fueron removidos de sus cargos. Ellos serán reemplazados por otros, que mientras no pasen el filtro del concurso público, sólo cumplirán el requisito de la confianza política. Evidentemente hay disonancia con uno de los principios fundadores del sistema: en el Estado, los mejores sin importar su pensamiento político.
    A esto se suma que los concursos desiertos de (ADP) implican pérdidas por sobre $ 1.600 millones. Actualmente el sistema considera la concursabilidad de 943 cargos en total (163 de Primer Nivel Jerárquico y 780 de Segundo Nivel), correspondientes a 105 servicios públicos.
    Cada vez que un concurso es declarado desierto, el Estado pierde en promedio $ 6,8 millones. Si a esto se agregan los procesos que no terminan en nombramientos, la cifra se eleva por sobre los $ 1.600 millones desde el inicio del sistema en 2004. Esto, porque de los 966 concursos realizados, 283 han sido declarados desiertos.

    Recomendaciones
    “Sincerar” la Alta Dirección Pública
    El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) nació en 2004 para reclutar a profesionales de excelencia para ejercer los más altos cargos del Estado. A la luz de las solicitudes de renuncia – a través del recurso “pérdida de confianza política”- a los directivos seleccionados en la administración anterior con la instalación del Gobierno del Presidente Piñera y del gasto público que ocasiona declarar desierto un cargo, $ 6,8 millones en promedio, me figuro las siguientes alternativas:
    1. En relación a la dificultad para proveer los cargos.
    Mejorar las remuneraciones de cargos directivos adscritos al sistema con el fin de atraer a más postulantes desde el sector privado, y en menor grado, para reducir el riesgo de fuga de directivos desde el sector público al privado.
    Acotar el número de veces en que el Ejecutivo puede rechazar las nóminas presentadas por la ADP. En un extremo, una autoridad podría solicitar indefinidamente concursos hasta que se incluya una persona que cumpla cierto perfil.

    2. Sobre la remoción de directivos, pese a haber ganado el concurso, pero no en el Gobierno de turno es deseable “sincerar” que se elegirá a los más competentes a través de la ADP, pero haciendo coincidir la selección y ejercicio del cargo con el período presidencial. Es decir cada cuatro años. Esta fórmula no es alejada de la visión política que impera, ya que de la misma manera operan los períodos de elección parlamentaria a fin de evitar el riesgo de un Ejecutivo con escaso respaldo parlamentario.
    De esta forma, se podrían compatibilizar las tan anheladas confianza política e idoneidad en los cargos. De paso, se evita el descabezamiento de servicios del Estado estratégicos con cada cambio de Gobierno. Esto no es trivial. Desde una postura bien práctica cualquier demora en los nombramientos de nuevos directivos – ya que inevitablemente hay que llamarlos a concurso- tiene un impacto significativo en el éxito de la gestión del servicio público.
    ¿Avala esta fórmula el sentido de una de las iniciativas más señeras en modernización del Estado? ¿Es razonable que en cada cambio de gobierno se discuta la calidad de los concursos efectuados por un sistema que integra los mejores técnicos de las diferentes fuerzas políticas y da garantías de imparcialidad? Definitivamente no, pero por lo menos transparentamos y acordamos públicamente que aún no estamos para transformaciones radicales y que nos incomodan según donde estemos parados. Asumimos entonces que no estamos para concursos.

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